El concepto de “políticas de cuidado” que alivien la histórica carga doméstica de las mujeres, comienza a incorporarse en las agendas urbanas de América Latina, pero todavía no se expresa en servicios públicos con la deseable cobertura.
Aunque esté todavía poco desarrollado en la región, el concepto es simple: que el Estado apoye con recursos a las familias en tareas tradicionalmente consideradas “de mujeres”: cuidar a enfermos, niños, adultos mayores, discapacitados y otras personas en situación de dependencia.
“En nuestra región hay avances que apuntan a un reconocimiento del cuidado y la necesidad de promover una modalidad más equitativa de distribuir las responsabilidades al interior de la familia y entre las instituciones públicas”, señaló a Inter Press Service (IPS) la experta Karina Batthyány, de la Universidad de la República de Uruguay.
“Sin embargo, se avanzó con más lentitud que la deseada, puesto que el cuidado es una responsabilidad que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, debido a la falta de igualdad y a la distribución desequilibrada del trabajo remunerado y no remunerado entre la mujer y el hombre”, agregó Batthyány, del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Dicha responsabilidad les suma labores no retribuidas o les impide trabajar, mientras les resta tiempo de descanso.
María Nieves Rico, encargada del tema del género en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), detalló a IPS que el uruguayo Sistema Nacional Integrado de Cuidados es el único en la región con el enfoque de englobar la atención a niños, adultos mayores, personas con discapacidad en situación de dependencia y cuidadoras o cuidadores.
En Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, y República Dominicana surgieron políticas para la atención integral de la primera infancia, con componentes de cuidado.
El programa Chile Crece Contigo, por ejemplo, tiene como combinado enfoque el asegurar el desarrollo integral infantil y la inserción laboral femenina.
Mientras, Brasil, Costa Rica y Cuba incorporaron conceptos de cuidado integral en adultos mayores.
Hubo “avances relevantes” en legislaciones para licencias para el cuidado de familiares, y, en particular, por maternidad y paternidad, subrayó Rico en la sede de Cepal en Santiago.
Otro avance fueron las encuestas sobre uso del tiempo en 19 países que según Batthyány “permitieron demostrar la inequitativa distribución del tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado, así como la disponibilidad de tiempo de mujeres y varones para otras actividades cotidianas”.
“Quizás el avance regional más significativo sea la incorporación del cuidado en la agenda pública”, resumió.
Un gran desafío
Las ciudades latinoamericanas son un espejo de lo que sucede en las políticas públicas nacionales sobre el cuidado, aunque con disparidades.
Pero aunque “estén principalmente en la órbita nacional y menos en la municipal, este ámbito parecería ser más adecuado para su implementación dado su nivel de cercanía con los potenciales beneficiarios”, observó Batthyány.
Entre las experiencias exitosas, citó la de la capital uruguaya, en cuya área metropolitana viven 1.9 millones de los 3.5 millones del país.
“Montevideo se encuentra en un momento óptimo para el desarrollo de esas políticas. Hay una voluntad política manifiesta por parte de la máxima autoridad y su equipo, la institucionalidad de género tiene ya una trayectoria de 20 años y niveles de fortaleza importantes, se ha creado el Consejo para la Igualdad de Género, que incluye la participación de la sociedad civil”, enumeró.
“Existen condiciones óptimas para el avance en articulación con las políticas nacionales. Sin duda los municipios son la escala ideal para la implementación de lo planificado a nivel nacional como departamental”, reafirmó.
Argentina no tiene una política integral de cuidados lo que se refleja en urbes como su propia capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuya área metropolitana concentra 13.5 millones de los 43.5 millones de habitantes del país.
“Hay dispositivos de política funcionales a las necesidades familiares de cuidado pero como no provienen de una agenda feminista, de género, que es la que construye el tema de cuidado como un problema, dejan muchos espacios vacantes”, analizó Gimena de León, investigadora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
“En CABA la cobertura aumenta considerablemente a 65 por ciento mientras baja al 15 por ciento en las provincias del noroeste. CABA es el distrito más rico del país. Claramente vemos que es el mejor posicionado en servicios de cuidados al menos hacia la primera infancia”, agregó.
Entre otros, CABA ofrece servicios a niños, dentro del sistema educativo, en jardines maternales o de infantes, desde los 45 días hasta los tres años o cinco años.
“La falencia (carencia) es enorme en las salas para menores de tres años. El sistema educativo no lo estipula como una obligatoriedad”, consideró De León, aunque destacó que hay planes para extenderlos.
Pero aún hay más desafíos con los adultos mayores, cuya creciente longevidad es un nuevo fenómeno en esta urbe como en el resto de las ciudades latinoamericanas, y donde el gobierno parte de que lo mejor es asistirlos sin sacarlos de sus hogares.
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Tres adultos mayores en un banco, ante el Riachuelo, en el barrio bonaerense de La Boca. La creciente longevidad de la población argentina representa un desafío para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con un programa especial de asistencia respalda a mayores de 60 años sin ingresos suficientes o sin cobertura social que les brinde servicio. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS
El Programa Asistencia al Adulto Mayor ofrece cuidadores a quienes no tengan ingresos suficientes para contratarlos o una cobertura social que lo contemple.
Pero la demanda insatisfecha es aún alta, según estudios del Centro de Investigaciones en Política Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El plan bonaerense se entrelaza con el nacional programa Cuidadores Domiciliarios, que los capacita y certifica y se apoya en convenios con organismos prestadores como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
“Un gran desafío es la cobertura de este servicio a través de las obras sociales”, señaló De León.
En tanto, en la Municipalidad de Santiago de Chile, en cuya zona metropolitana residen 7.4 millones de los 18 millones de habitantes del país, los programas y políticas de cuidado son coordinados desde su Subdirección de Desarrollo Social, señala un estudio de la Cepal.
Una particularidad positiva está en su política de cuidados a discapacitados, que contempla la transferencia de conocimientos a los discapacitados, sus familias y miembros de la comunidad, en una capital con 26,000 personas con algún tipo de discapacidad, según el último censo, de 2012.
“Es muy complejo y difícil llegar a todos porque es una comuna (municipio) muy amplia y con mucha diversidad”, explicó a IPS la encargada de la Oficina de Discapacidad, María Inés Toro. En 2016, atendieron a 500 discapacitados, además de quienes participaron en talleres de capacitación.
Entre otros, ofrecen talleres terapéuticos de arte y de elaboración de dispositivos a bajo costo para mejorar la cotidianeidad de discapacitados físicos, en planes que suman a sus familiares, cuidadores y estudiantes.
También funcionan talleres de yoga para familiares y cuidadores de discapacitados porque “cuando hay una persona con discapacidad se afecta todo su círculo”, destacó Toro.
La integración de la equinoterapia
Otra terapia ensalzada por los beneficiarios es la equinoterapia.
IPS compartió con madres, kinesiólogos, terapeutas y trabajadores sociales que participaban en Club de Huasos Gil Letelier en una sesión de tratamiento de niños autistas, entre otras enfermedades mentales, físicas y sensoriales.
“Mi niño es hipotónico. Lleva cuatro sesiones aquí. He visto muchos logros por lo que le transmite el caballo que tiene muchos beneficios. Esto le está activando la musculatura, la columna, está más recta y he visto que está un poco más tranquilo, porque él es muy nervioso”, contó esperanzada Mili Lisa, madre de Matías, de 4 años.
Virgina Armaza, madre de Felipe Pérez, de 37 años, relató que “es autista con epilepsia. Está dado de alta de sus crisis convulsivas, pero su epilepsia le dejó secuelas como la agresividad y la discapacidad”.
“Toca al caballo y eso le va sirviendo en lo emocional, lima sus tristezas, sus duelos. Como no tiene lenguaje, no sé qué pasa por su cabeza. Y todas esas emociones las exterioriza en las crisis agresivas. Yo lo baño, pero acá anda solo con su caballo, aunque con un voluntario que lo ayuda y lo cuida”, aseguró.
“Son terapias que generan un impacto en las personas y en su entorno. Hablamos de padres que vienen a agradecer que sus hijos no se sentaban y que hoy, tras tres sesiones arriba de un caballo, lo hacen. Son cambios y logros súper importantes en los niños y sus familias”, resumió Toro.
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